La comisión de Energía y Comunicaciones dio dictamen favorable a un proyecto de ley impulsado por el oficialismo provincial para que toda modificación tarifaria de los servicios de electricidad y de agua potable y cloacas se lleven a cabo a través de audiencia pública presencial, tal como se llevaba a cabo hasta la pandemia de covid-19.

La propuesta en cuestión es impulsada por el legislador Tomás Cobos, y cuenta con el acompañamiento de Javier Noguera, Alberto Olea, Jorge Leal, Roque Tobías Álvarez y el libertario José Seleme. La semana pasada, durante la reunión del comité que preside el monterizo Olea se dio dictamen a la iniciativa que ingresó por mesa de entradas en 2024. Se estima que próximamente podría llegar al recinto.

“Toda modificación tarifaria de los servicios públicos de distribución de energía a cargo de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), y de agua potable y cloacas a cargo de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), deberán ser establecidos previo procedimiento de audiencia pública presencial, garantizando la más amplia participación de los usuarios exigida por la Ley N° 6.608 (Marco Regulatorio del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica) y la observancia de sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en el tema, válidas para todas las provincias”, reza el texto de la propuesta de Cobos.

Críticas

La legisladora radical Silvia Elías de Pérez fue una de las más críticas contra el servicio de la firma y consideró que deben terminarse las audiencias públicas documentadas, metodología que se aplicó por la crisis sanitaria. Álvarez, presidente del bloque Justicialista, fue quien dio a conocer en la última sesión que se dictaminó favorablemente la iniciativa.

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La novedad surgió en medio de cuestionamientos que lanzaron parlamentarios de distintos bloques contra la firma que presta el servicio, mientras se trataba un acta acuerdo que firmaron el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (Ersept) y EDET para ajustar fechas clave que se vieron alteradas por la pandemia de covid. El acta acuerdo fijó el 13 de enero de 2026 como fecha límite para el llamado a licitación pública para la venta del paquete accionario mayoritario de la empresa encargada de la distribución de energía. Además, se fijó el 30 de diciembre de 2025 como inicio del nuevo período tarifario, el cual tendrá una vigencia cinco años (hasta el 4 de agosto de 2030).

Se espera que próximamente se de inicio a la convocatoria para audiencia pública para la revisión tarifaria integral 2025-2030.